Departamento de Seguridad Nacional habitualmente viola las leyes que requieren entrevistas oportunas de miedo razonable
SAN FRANCISCO — La Fundación ACLU del Sur de California, la ACLU del Norte de California, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) y la firma internacional de abogados Reed Smith LLP, interpusieron el día de hoy una demanda colectiva en el Distrito Norte de California en nombre de miles de inmigrantes que huyen de persecuciones y que han tenido que soportar meses detenidos mientras esperan por decisiones en casos de miedo razonable, el primer paso para solicitar protección en Estados Unidos cuando alguien se ve forzado a regresar a su país debido a una orden de deportación.
“La ley de EE.UU. y los valores estadounidenses de justicia exigen que quienes llegan a nuestro país en busca de seguridad reciban una decisión justa y oportuna a sus aplicaciones, especialmente si han sido detenidos”, expresó Michael Kaufman, abogado de la ACLU del Sur de California. "La administración Obama no se las ha proporcionado.”
La Ley de EE.UU. exige que las personas deportadas de Estados Unidos que son aprehendidas por el Departamento de Seguridad Nacional y que expresan miedo de regresar a su país de origen, reciban una determinación de miedo razonable antes del transcurso de 10 días. La misma determinará si dicho miedo es razonable y si pueden comparecer ante un juez de inmigración en una audiencia para discutir su solicitud de protección. El gobierno de EE.UU. ha violado esta ley en miles de casos en que las personas han esperado tres meses o más, usualmente en detención, para que se realicen sus entrevistas o se tome una decisión. Como quienes reciben determinaciones positivas no son automáticamente elegibles para salir en libertad, retrasos en las determinaciones de miedo razonable dilatan aún más el usualmente prolongado periodo de detención que estas personas de por sí enfrentan durante el riguroso proceso de solicitud de asilo.
“El colapso del proceso de miedo razonable expone a una población extremadamente vulnerable a muchos más peligros”, expresó Julia Harumi Mass, abogada de la ACLU del Norte de California. “Muchas de estas personas trataron de forjar una nueva vida en sus países de origen al ser deportadas, pero se enfrentaron a persecución y amenazas y ahora temen por sus vidas. Mientras esperan en las cárceles migratorias, muchos de sus familiares en EE.UU. o en el extranjero dependen de ellos y también pueden estar en peligro.”
Desde que el Presidente Obama tomó posesión, los programas de vigilancia interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han arrancado a por lo menos dos millones de inmigrantes de sus comunidades, incluyendo muchos que tenían mucho tiempo viviendo en EE.UU. Muchos dejaron atrás familiares en Estados Unidos y fueron deportados a países extremadamente violentos e inseguros. Otros tenían poco tiempo de haber solicitado asilo y estaban tratando de solicitar protección la primera vez que cruzaron la frontera, pero se vieron atrapados en procesos de deportación acelerados y fueron rápidamente deportados sin que se tomara en cuenta su miedo a regresar a su país. Cuando estas personas reingresan a Estados Unidos, usualmente se enfrentan a uno de dos escenarios: sus órdenes previas de deportación son reestablecidas y son removidos sin tener oportunidad de ver a un juez o tienen oportunidad de expresar su miedo, son detenidas e inician el proceso de miedo razonable con la esperanza de que se les permita ver a un juez.
Para Marco Antonio Alfaro García, uno des los demandantes nombrados en la demanda, el fracaso del gobierno de cumplir con sus propias reglas le ha causado a su familia dolor y trauma innecesario. Su hijo más joven nació mientras el Sr. Alfaro García estaba detenido y sus otros dos hijos, que son ciudadanos de EE.UU. y tienen cuatro y tres años de edad, lloran todos los días y temen no volver a ver a su padre nunca más. El Sr. Alfaro García nació en El Salvador y ha vivido en Estados Unidos desde el 2007. En enero del 2014 fue arrestado por la policía y acusado de conducir bajo la influencia. Fue entregado a las autoridades de inmigración unas cuantas horas después y se le informó que sería enviado de vuelta a El Salvador debido a una orden deportación emitida en el 2005. El Sr. Alfaro García de inmediato les dijo a los oficiales de inmigración que temía regresar a su país natal porque dos veces fue salvajemente golpeado por la policía y temía represalias en su contra porque proporcionó información de un grupo criminal a la fiscalía local. En 11 de febrero del 2014, el Sr. Alfaro García fue finalmente entrevistado por un oficial de asilo. Más de dos meses después, el Sr. Alfaro García aún no ha recibido una determinación de miedo razonable y continúa detenido en el Centro de Detención Adelanto, ubicado 80 millas al norte del centro de la ciudad de Los Ángeles. Los oficiales de inmigración le han dicho que pueden transcurrir hasta seis meses antes de que reciba una determinación.
El retraso no solo tiene como consecuencia una detención inhumana y prolongada, sino que también es extremadamente costoso para los contribuyentes, quienes innecesariamente tienen que pagar decenas de millones de dólares porque el gobierno ha fracasado en tomar decisiones oportunas. El gobierno federal gasta $119 al día para mantener detenido a un inmigrante.
Recientemente, el Presidente Obama y el Secretario del DHS, Jeh Johnson, anunciaron que evaluarán las prioridades de ejecución de las leyes migratorias para asegurar que sean tan humanas como sea posible dentro de los límites de la ley. Proveer determinaciones de miedo razonable oportunas a quienes solicitan protección en EE.UU. es una solución humana y eficiente.
“Como nuestros clientes han experimentado, el disfuncional proceso de miedo razonable expone a muchas personas a detenciones prolongadas, inhumanas y extremadamente costosas antes de que puedan siquiera iniciar su caso de asilo”, expresó la Directora Asociada de Litigios del NIJC, Claudia Valenzuela. “Será de beneficio para todos que estos casos se resuelvan rápidamente.”
“Al autorizar la mitigación solicitada en este caso, la Corte garantizará que quienes solicitan protección contra tortura o persecución en su país de origen tengan acceso a un proceso oportuno garantizado por la ley de EE.UU.”, expresó James Rolfes, abogado socio de Reed Smith LLP. “Este sistema, cuando funciona tal como ha sido diseñado y como debe bajo la ley, le da esperanzas a quienes están en busca de una nueva vida en Estados Unidos.”
