El enorme proyecto de ley de presupuesto de reconciliación, firmado por el presidente Trump el 4 de julio de 2025, representa una amenaza generacional para la democracia y nuestra salud y seguridad colectivas. El proyecto de ley provocó una condena generalizada de votantes y organizaciones de derechos humanos de diversos sectores, pero fue aprobado en el Senado por un margen de un voto y en la Cámara de Representantes por tan solo cuatro. Este proyecto de ley desembolsa más de 170 mil millones de dólares para expandir el complejo industrial de control migratorio, liderado por las agencias de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en beneficio de los ejecutivos de prisiones privadas y los contratistas gubernamentales. El impacto en las comunidades de todo el país será grave y señalará retrocesos históricos en los derechos de los inmigrantes y el acceso a la justicia.
Actualización: Poco después de la promulgación de la megapropuesta de ley de reconciliación HR 1, las dos agencias responsables de la recaudación de tarifas —el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del DHS y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia— anunciaron que añadirían los nuevos y punitivos aumentos de tarifas a las ya existentes. Como resultado, muchas formas de ayuda migratoria se volverán inasequibles para los inmigrantes y solicitantes de asilo más vulnerables. Lea la explicación del aumento de tarifas de julio de 2025 del NIJC.