La legislación estadounidense y la Convención Internacional sobre Refugiados garantizamos las personas el derecho a solicitar asilo.
Redactadas a raíz de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, estas leyes establecen que las personas que huyen de la persecución, la tortura y la muerte, independientemente de su raza, nacionalidad o cómo llegan, tienen el derecho legal de solicitar asilo en los Estados Unidos.
A pesar de estas protecciones legales, los solicitantes de asilo enfrentan barreras cada vez más insuperables para obtener protección, incluidas separaciones familiares, deportaciones rápidas, detención y devoluciones ilegales en la frontera por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Los solicitantes de asilo viajan a Estados Unidos para escapar de la violencia, la persecución y otros abusos de los derechos humanos en sus países de origen.
Muchos llegan con recursos limitados e, incluso en las mejores circunstancias, deben navegar por un sistema migratorio complejo y restrictivo. Las personas negras, morenas e indígenas enfrentan desproporcionadamente mayores obstáculos para obtener asilo.
El derecho de asilo en Estados Unidos ha sido objeto de crecientes ataques tanto por parte de administraciones pasadas como actuales.
La segunda administración de Trump ha cerrado las últimas vías restantes de protección para las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México y ha creado importantes barreras adicionales al asilo para quienes buscan seguridad frente a la persecución y la tortura en sus países de origen.
En un momento de migración humanitaria mundial sin precedentes, existen mejores soluciones.
En lugar de gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes para detener y procesar penalmente a personas que buscan protección legal para salvar sus vidas, el gobierno de Estados Unidos debería invertir en sistemas de procesamiento humano que respeten el debido proceso, permitan a las personas una oportunidad justa de presentar sus reclamos de protección y brinden acceso a abogados que ayuden al sistema a funcionar de manera justa y eficiente.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes representa a miles de solicitantes de asilo cada año y está desafiando activamente estas políticas inhumanas e ilegales en un tribunal federal.
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