Los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo son cada vez más objeto de duras sanciones penales y detenciones sin el debido proceso, lo que alimenta el encarcelamiento masivo y destroza a familias y comunidades.
Una serie de leyes injustas afectan tanto a los inmigrantes recién llegados que buscan protección en Estados Unidos como a los miembros de la comunidad que llevan mucho tiempo en el país y han sufrido malos tratos y discriminación racial en el sistema judicial penal.
- Secciones 1325 y 1326 Las disposiciones del Código de los Estados Unidos tipifican como delito federal entrar o reingresar al país sin autorización. Estas leyes, que constituyen el delito federal más procesado en Estados Unidos, encauzan a las personas al sistema judicial penal simplemente por cruzar la frontera.
- Leyes de inmigración promulgadas en 1996 crear un sistema de “doble castigo”, lo que significa que una vez que los inmigrantes con condenas completen sus casos penales y cumplan sus sentencias en prisiones y cárceles estadounidenses, también puedan enfrentar la deportación sin una audiencia o una detención migratoria prolongada.
Estas leyes deshumanizan a los inmigrantes y dañan a todas nuestras comunidades.
Los procesos judiciales por inmigración devastan a familias y comunidades al detener y deportar a personas con mínimas garantías procesales y sin considerar sus vínculos de larga data con Estados Unidos. Las comunidades negras y latinas se ven desproporcionadamente afectadas debido a la discriminación racial y las prácticas policiales discriminatorias en el sistema judicial penal, que resultan en sanciones migratorias desproporcionadamente severas para quienes no son ciudadanos estadounidenses.
Los procesos judiciales por inmigración también canalizan miles de millones de dólares de impuestos a empresas penitenciarias privadas que se benefician del encarcelamiento de personas por condenas de inmigración y durante los procedimientos de deportación.
Hay otra manera
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes ha representado a personas atrapadas en estas trampas legales durante muchos años. Trabajando en colaboración con defensores de los derechos de los inmigrantes y de los derechos civiles, así como con las comunidades directamente afectadas, seguimos instando al gobierno estadounidense a que ponga fin a los procesos judiciales por entrada y reingreso a Estados Unidos y a que garantice que todos los miembros de la comunidad tengan acceso al debido proceso y a la justicia equitativa.
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