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Declaración por Mary Meg McCarthy, Directora Ejecutiva, Centro Nacional de Justicia Para Inmigrantes de Heartland Alliance

El Centro Nacional de Justicia Para Inmigrantes de Heartland Alliance (NIJC) le da la bienvenida al anuncio de hoy que la Corte Suprema de Justicia de los Estado Unidos escuchara argumentos legales por parte de la administración de Obama apelando el caso federal que reta la expansión de acción diferida para inmigrantes anunciada por el presidente.

En noviembre 2014, el Presidente Obama anuncio acciones ejecutivas que crearían el programa de Acción Diferida para Padres de Americanos (DAPA) y la expansión del programa existente de Acción Diferida Para Jóvenes (DACA). Si se hubiesen implementado, estos programas hubiesen proveído alivio a aproximadamente cinco millones de inmigrantes con lazos fuertes en los Estados Unidos y confirmado el gran beneficio económico que estos inmigrantes brindan a nuestro país y comunidades locales. Desafortunadamente, una demanda de 26 estados, la cual fue motivada por política, demoro la implementación de estos programas y estanco los beneficios económicos que comunidades americanas obtendrían al permitir que familias de inmigrantes puedan vivir y trabajar sin temor de deportación.

En agosto 2015, una encuesta, por NIJC, de 200 residentes de Illinois quienes obtuvieron protección temporal bajo el programa DACA del 2012 (el cual no ha sido afectado por la demanda) demostró que existen grandes beneficios para las comunidades cuando personas tienen acceso a estatus legal y pueden tener oportunidades laborales y educativas. En Illinois, el 68% de jóvenes que tienen DACA ahora tienen una independencia económica ayudando a aumentar el número de personas que contribuyen a los impuestos en Illinois. Los americanos pierden cada día que pasa sin acción ejecutiva o reforma migratoria.

La demanda contra los programas de acción diferida ha dejado a miles de familias americanas en limbo, con la posibilidad de una deportación siempre amenazando a millones viviendo en familias de estatus legal mixto. NIJC confía que la Corte, la cual escuchara el caso esta primavera y hará una decisión en junio, encontrara que las acciones de la administración son legales.