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WASHINGTON D.C. - Hoy, la Corte Suprema escuchó argumentos en el caso, United States v. Texas, un caso que decidera el futuro de mil millones de familias americanas viviendo con miedo de que puedan ser separados permanentemente de sus familiares como resultado de una deportación. El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por su sigla en inglés), parte de Heartland Alliance, confía que la decisión de la Corte, anticipada para Junio, encontrara que la acciones executivas del 2014 de la administración Obama fueron legales y dejara que los programas procedan como anteriormente planeados. NIJC le recomienda a familias que continúen preparándose para estos programas, en anticipación de que posiblemente puedan ser implementados tan pronto come este verano.  

“Los programas de acción deferida son prácticos, legales, y consistentes con acciones executivas introducidas anteriormente por presidentes Republicanos y Demócratas,” comenta Directora Executiva de NIJC Mary Meg McCarthy. “Mantengo la esperanza que la decisión de la Corte Suprema honrara la historia de inmigración Americana y mantendrá nuestro legado en ser un país receptivo a todas personas.”

Los programas de Acción Deferida para Padres de Americanos (DAPA) y la expansión de Acción Deferida para Jóvenes (DACA) fortalecen nuestras comunidades porque proveerán a individuos con lazos familiares fuertes en los Estados Unidos un alivio temporal contra la deportación y ayudaran con el crecimiento de la economía de los Estados Unidos por miles de millones de dólares. Según un reporte de Febrero 2016, el Instituto de Impuestos e Economía encontró que individuos elegibles para los programas DAPA y DACA ya pagan $5.3 billones en impuestos locales y estatales cada año; esa figura aumentara a $6.1 billón cada año si la Corte Suprema decide continuar los programas.

Mario y Evelyn (seudónimos) son una de las tantas familias que NIJC ha representado que sería elegible para DAPA. Han vivido en los Estados Unidos sin documentación por 26 años y tienen tres hijos estadounidenses. Mario se encontró en procedimientos de deportación después de acudir con un abogado fraudulento quien le aconsejo erróneamente sobre su elegibilidad para solicitar la residencia. El Departamento de Seguridad Nacional cerró procedimientos contra Mario después de encontrar que no era una prioridad para la deportación, pero Evelyn sigue viviendo cada día con miedo de que sea separada de su familia. Ni Mario ni Evelyn tienen un camino hacia un estatus legal en los Estados Unidos, pero DAPA les permitiría trabajar legalmente, les daría estabilidad a su familia, y podrían continuar contribuyendo al país que han llamado su hogar por más de tres décadas.  

Mientras esperamos la decisión de la Corte Suprema, individuos que posiblemente sean elegibles para estos programas deberían continuar colectando sus documentos, ahorrar las tarifas, y programar citas para evaluaciones legales donde se puede determinar si son elegibles para otros tipos de alivios más permanentes. Personas que se encuentran en Illinois o Indiana pueden programar consultas con NIJC llamando al (312) 660-1370 o mandando un correo electrónico a immigrantlegaldefense@heartlandalliance.org.  Para familias fuera de nuestra área de servicio, el Immigration Advocates Network mantiene una lista de proveedores de servicios legales